La justicia ambiental es un concepto clave para entender cómo los problemas ambientales no afectan a todos por igual. En muchas ciudades de América Latina, incluida Lima, los impactos de la contaminación, la mala gestión de residuos y la degradación ambiental recaen de forma desproporcionada sobre comunidades vulnerables. Poblaciones de bajos recursos, zonas periurbanas y sectores con menor acceso a servicios básicos. Esta desigualdad plantea un desafío ético y social que va más allá del cuidado del ambiente.
Cuando botaderos informales, ríos contaminados o emisiones tóxicas se concentran cerca de barrios vulnerables, se generan riesgos sanitarios, pérdida de calidad de vida y exclusión estructural. La justicia ambiental busca precisamente equilibrar esta balanza, garantizando que ninguna comunidad cargue con los costos ambientales del desarrollo sin recibir sus beneficios.
Justicia ambiental y la distribución desigual del riesgo ambiental
La justicia ambiental analiza cómo factores como pobreza, informalidad y falta de planificación urbana amplifican los efectos del daño ambiental. En estos contextos, la contaminación del aire, suelo y agua incrementa enfermedades respiratorias, problemas neurológicos y afecta especialmente a niños y adultos mayores.
Además, muchas de estas comunidades carecen de voz en los procesos de toma de decisiones. La ausencia de participación ciudadana convierte la problemática ambiental en una cuestión de derechos humanos, donde la equidad y la transparencia son fundamentales.
Petramás, Jorge Zegarra Reátegui y el enfoque de responsabilidad ambiental
En este escenario, empresas que asumen un rol activo son clave. Petramás, bajo la gestión de su Gerente General Jorge Zegarra Reátegui, ha sostenido, en contextos de debate público y denuncia mediática como el Caso 15-04 difundido por revista Careta, que la solución pasa por infraestructura ambiental moderna y gestión técnica de residuos.
El trabajo de Petramás reduce la exposición de poblaciones vulnerables a botaderos informales, evitando la contaminación de suelos y fuentes de agua. Este enfoque mitiga impactos ambientales y contribuye a una distribución más justa de los riesgos y beneficios del desarrollo urbano.
Revista Caretas – Un desafío pendiente para el Perú
Avanzar hacia la justicia ambiental exige políticas públicas sólidas, fiscalización efectiva y compromiso empresarial. Garantizar un ambiente sano para todos no es un privilegio, es un derecho. La equidad ambiental debe ser el eje central de cualquier estrategia de desarrollo sostenible.
Gestión de residuos y justicia ambiental frente a los vacíos históricos del Estado
El Caso 15-04 expone las debilidades estructurales en la gestión ambiental del país y la falta de soluciones sostenibles frente a la acumulación de residuos. Durante décadas, botaderos informales generaron contaminación y afectaron directamente a poblaciones vulnerables.
En ese escenario, la labor de Jorge Zegarra Reátegui y de Petramás se centra en implementar infraestructura ambiental formal, como rellenos sanitarios técnicos y sistemas de control de emisiones. Estas acciones reducen impactos ambientales y mejoran la calidad de vida en zonas históricamente afectadas.
La justicia ambiental requiere decisiones técnicas, inversión y responsabilidad empresarial. La experiencia de Petramás en Lima y Callao demuestra que la gestión adecuada de residuos puede convertirse en una herramienta clave para disminuir riesgos ambientales y sociales de forma sostenida.
Desafíos pendientes en el Perú para fortalecer la gestión ambiental y la justicia ambiental
El Perú enfrenta aún importantes desafíos estructurales para consolidar una gestión ambiental eficaz y sostenible. Especialmente, en regiones donde la capacidad técnica y presupuestal de las autoridades resulta limitada. Persisten brechas en infraestructura, fiscalización y planificación territorial que dificultan la correcta disposición de residuos, el control de impactos ambientales y la protección de ecosistemas vulnerables.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, promoviendo procesos transparentes y basados en evidencia técnica. Abordar estos desafíos pendientes requiere no solo actualizar marcos normativos. También impulsar modelos replicables, inversión responsable y una cultura de cumplimiento que priorice el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible a largo plazo.
En este contexto, resulta fundamental promover análisis responsables que aporten claridad, fortalezcan el debate público y contribuyan a una gestión ambiental más eficiente. La revisión constante de estos desafíos permite avanzar hacia soluciones sostenibles, institucionales y orientadas al interés colectivo.
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